Greenpeace explicó que se trata de una
sentencia histórica que obliga al Congreso y al gobierno a que estén a la
altura y apuren una normativa que
prohíba de manera definitiva el asbesto para que no siga afectando la salud de
los colombianos. “Es un enorme triunfo ciudadano y la demostración de que, cuando las instituciones no dan respuesta
satisfactoria a los problemas, es el compromiso y presión de la gente la que puede
hacer cambiar las cosas”, dice Silvia Gómez, directora de Greenpeace
Colombia.