La objeción al
proyecto de ley estatutaria de la JEP “abre un debate político inoportuno e
inútil y desconoce el rol de la Corte Constitucional”.
“Genera un
enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y abre espacio a la
inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo
final”.
“En la defensa
de nuestro Estado de Derecho el Presidente de la República debe asumir el papel
de propiciar la unidad nacional y no una ruptura más de impredecibles
consecuencias”.